En el país hay ya varias iniciativas privadas de microcréditos, como Bancamía y el Banco de la Mujer, cuyos modelos han dado resultados. / Behance
La ausencia de propiedades o de codeudores con solidez económica ha sido la principal piedra en el zapato para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a los créditos que ofrecen los bancos comerciales. Es un asunto de vieja data que ahora el alcalde Gustavo Petro propone superar con la creación de un banco de los pobres o Banco Público Distrital para democratizar el acceso al crédito de los sectores populares.
El alcalde Petro ha asegurado que para impulsar la economía capitalina fortalecerá sus empresas populares y para eso quiere montar una banca pública. “Debe ser un banco de primer piso, de relación directa con los clientes, que permita que la ciudadanía haga depósitos de ahorro y se financie con éstos. Estará orientado a la pequeña y mediana empresa con modalidades de crédito asociativo”, explicó a El Espectador Jorge Pulecio, secretario de Desarrollo Económico del Distrito.
Según lo dispuesto en el Plan de Desarrollo que en estos momentos se debate en el Concejo, la administración destinaría $270 mil millones a este proyecto. El Distrito espera que se autofinancie con los depósitos de ahorros de los ciudadanos. El banco se especializará en la oferta de microcréditos con menores barreras de acceso y tasas de interés más blandas que las de la banca comercial, que hoy se ubican en el 58,34% anual, o las de los agiotistas, que llegan al 20% diario, según Pulecio.
Pero no todos están de acuerdo con la idea de la administración. Economistas y concejales, incluso dentro de la misma bancada progresista que respalda al alcalde, observan con preocupación el proyecto.
La concejal progresista Angélica Lozano señala que no resulta conveniente que el Distrito preste este servicio de forma directa porque no tiene ninguna experiencia en la materia. Además, la cabildante indica que “en la logística, la incorporación de planta de personal y la adquisición de tecnologías, se pueden invertir recursos ineficientemente. La curva de aprendizaje es larga y el proceso puede resultar costoso para la ciudad”.
Pulecio asegura que la estrategia de la administración será utilizar tecnologías contemporáneas que reduzcan el precio de procesos como la minimización y el análisis de riesgo al otorgar un crédito tal como lo han hecho algunas cajas municipales de Perú y Brasil. “Hemos suscrito un convenio con la Alcaldía de Lima para que nos ofrezca directamente su paquete tecnológico, porque sabemos que el banco debe ser eficiente y competitivo”.
Antonio Sanguino, del Partido Verde, asegura que los gobiernos no deben tener en sus manos la administración de la cartera en un mercado tan complejo como el financiero. Además, le preocupa que se destine un monto tan importante de recursos a la creación de una burocracia que se sume a los problemas de clientelismo del sector público.
Alejandro Gaviria, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, asegura que una muestra de esta “mezcla explosiva de clientelismo y estado banquero se ha visto en las cajas españolas, donde la experiencia ha sido un desastre y hoy todas están quebradas”. Adicionalmente, el académico resalta que los incentivos que puede ofrecer un gobernante para otorgar un crédito son muchos, pero los mecanismos para recobrarlos son pocos.
Pulecio defiende el proyecto con una experiencia exitosa del sector público bancario. “En los últimos diez años la banca convencional creció al 12% anual en el Perú y las cajas municipales, que se concentran en microcrédito crecieron al 26% anual”.
Los contradictores coinciden en que sería más productivo que el Distrito impulsara el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de acuerdos con la banca comercial y aprovechara entidades como el Fondo Nacional de Garantías, que permita que las personas y grupos de menores recursos que no tienen cómo respaldar un crédito, puedan obtener un subsidio en este aspecto.
