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HUELVA, 17 (Embargar.com)

La empresa Islantilla Oasis Hotel en Huelva, que gestionaba los hoteles Oasis de Islantilla e Isla Cristina, cerrados ambos en dos meses y dejando en la calle a unos 165 trabajadores –130 en Islantilla y 45 en Isla Cristina– y a más de 350 en temporada alta, ha presentado un concurso voluntario de acreedores para ambos establecimientos.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la empresa, este procedimiento ha sido presentado ante el Juzgado Primera Instancia 4 y Juzgado de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Huelva y por el momento se encuentra “pendiente de admisión”.

El hotel ubicado en Islantilla echó el cierre el pasado mes de marzo, justo antes del puente de Semana Santa, y en esos momentos la empresa justificó que la situación se debía por “desavenencias” con la comunidad de propietarios. El segundo cierre, el del establecimiento de Isla Cristina, tuvo lugar a principios de mayo como consecuencia de los problemas económicos que acarrearon el primer cierre, no obstante estas mismas fuentes han asegurado que “no hay nóminas pendientes de cobro”.

Ante esta situación, cientos de personas participaron el pasado domingo en una manifestación por las calles de la localidad de Isla Cristina para pedir la vuelta al trabajo de los empleados de los dos hoteles.

El pasado domingo explicó el delegado sindical del Oasis Islantilla, Antonio González Villa, que los empleados no buscan una indemnización sino volver a su puesto de trabajo, ya que defienden que el Hotel Oasis “es rentable”, pese a que la empresa les traslade que “no tiene dinero para hacer frente a los pagos”.

“En Semana Santa, cuando otros hoteles de la zona han estado al 60 por ciento de ocupación, el Oasis Islantilla estaba completo desde días previos”, afirmó, asegurando además que el pasado año facturó “más de ocho millones de euros en cuatro meses”, motivo por el que no entienden “cómo no se les ha pagado ni a los proveedores ni a los propietarios”.

Por estos motivos, estos trabajadores acudirán el próximo lunes 21 de mayo al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo un acto de conciliación, tras reunirse hace un par de semanas para firmar los poderes notariales y abordar reivindicaciones laborales y acudir al citado centro, donde presentaron las demandas de despido.

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MADRID, 20 (Embargar.com)

El juez que tramita el concurso de acreedores de Afinsa ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que desbloquee la suspensión de la venta del edificio que acogía la sede de la empresa porque “entorpece” el pago de un 5% de lo invertido a los afectados, según el auto dictado el pasado 30 de marzo al que tuvo acceso Europa Press.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, considera que el bloqueo dictado por Pedraz el pasado mes de enero “impide, dificulta y entorpece” la liquidación y le recuerda que la competencia para decidir sobre la venta de los bienes de la empresa corresponde a su jurisdicción.

El pasado 9 de mayo se cumplieron seis años de la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa, que se saldó con cerca de 480.000 clientes perjudicados y pérdidas de 4.800 millones de euros. De éstos, solo los perjudicados de Fórum han cobrado un 10% de lo invertido.

El pasado 8 de enero Pedraz aprobó la liquidación de Afinsa y 11 días después ordenó la anotación preventiva del inmueble en el Registro Mercantil como edificio sobre el que recae una querella para garantizar cubrir las posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso penal. Este hecho impide de forma “indefinida” su venta o subasta, según explica Vaquer.

La sede de Afinsa, situada en el número 26 de la calle Génova (Madrid) a escasos 20 metros de la Audiencia Nacional, es el bien más valioso que tenía la filatélica y cuyo valor alcanza unos 50 millones de euros. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que existen al menos tres ofertas de compra del edificio y que la propia Audiencia Nacional se interesó por el inmueble.

INFORMACIÓN A LA SEC SOBRE LA VENTA DE SPECTRUM.

Por otro lado, Pedraz también ha solicitado al organismo supervisor de los mercados estadounidense -SEC- que informe sobre la operación de venta de las acciones de Spectrum (antigua filial de Afinsa en dicho país) planteada por la administración concursal, que podría aportar 58 millones de dólares (44,6 millones de euros) para los afectados. Esta solicitud también podría retrasar el cierre de la liquidación aprobada por Vaquer.

Fuentes jurídicas consideran que estos hechos reflejan que existe un “conflicto jurídico”, que está perjudicando “seriamente” a los afectados por lo que se necesitaría una solución extrajudicial. Los representantes legales de los perjudicados están divididos a favor y en contra de la liquidación.

La administración concursal mantiene que los 190.500 clientes de Afinsa recuperarán el 33% de lo invertido. La empresa cuenta con 812,6 millones de activos junto con una valoración de los sellos de 249 millones de euros, frente a unas obligaciones de pago de 2.443,75 millones de euros, lo que arroja un agujero patrimonial de 1.631 millones de euros.

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La condición de exiliado, así sea voluntaria, suele despertar una serie de sentimientos que pasan por la soledad, el desarraigo, la crisis de identidad, el temor y hasta el asco.

Esos sentimientos fueron el caldo de cultivo que sirvió al joven y talentoso dramaturgo y director Víctor Quesada para crear su obra  Apesta , en la que se combina el  thriller  con una especie de comedia negra psicológica.

Apesta se presenta en una casa del barrio Galerías acondicionada para recibir a no más de 28 espectadores, que inician su recorrido en la cocina del primer piso, luego van en subgrupos por las habitaciones de los personajes para internarse en sus anhelos y en sus aversiones, y terminan nuevamente en la cocina para develar el misterio.

Los personajes son una polaca, un brasileño, un chino y un cubano con acento más gaditano que caribeño, que habitan en una casa de alquiler de habitaciones para inmigrantes en España y que solo entran en comunicación al descubrir, por el olor, que uno de los habitantes anónimos de la casa ha muerto hace varios días.

Sin embargo, no se atreven a denunciar el hecho por el temor a la deportación.

Este detonante es la excusa para construir una dramaturgia del exilio como choque cultural, puesto en condiciones extremas, pero con rasgos identificables para quienes alguna vez en su vida han experimentado la condición de inmigrantes.

Más allá de la anécdota, Apesta es una metáfora del asco, como aversión e intolerancia cultural, que sufre el exiliado.

Quesada logra su cometido de hacer vivir al público esa intensa experiencia, gracias a un excelente grupo de actores, entre los que hay que destacar a Fernando Bocanegra por su composición del personaje del brasileño.

Alberto Sanabria
Crítico de teatro

Más noticias

J.C. – VIGO
El comit de empresa del astillero vigus Hijos de J. Barreras, en concurso de acreedores desde el pasado julio, mantendr la prxima semana una reunin con responsables de la armadora vasca Albacora para conocer los detalles del desvo a Armn-Gijn de los dos atuneros que se iban a hacer en Vigo. Lo anunci ayer el presidente del comit, Sergio Glvez, quien urgi a los responsables de Barreras a hacer todo lo posible para rebajar el precio ofrecido a Albacora para la construccin de estos dos buques y mantener as el contrato.
Glvez argument que Barreras saldr “pronto” del concurso de acreedores y que los plazos de entrega que exige Albacora €entre 25 y 30 meses€ para poder hacer frente a sus nuevos permisos de pesca se podran cumplir “fcilmente” por el astillero vigus. “No son barcos complicados para Barreras”, afirm. El presidente del comit reconoci que la diferencia entre el precio ofrecido por Barreras y Armn por los atuneros es de “entre 8 y 9 millones”, por lo que urgi un esfuerzo para igualar la oferta y no perder los contratos.
El desvo de estos buques al astillero de Armn-Gijn cogi por sorpresa a los trabajadores del astillero, que confiaban en su construccin (exenta del tax lease, el sistema de bonificaciones fiscales suspendido por Bruselas hace un ao tras una denuncia de Holanda) para que la empresa reiniciase su actividad una vez superada la suspensin de pagos. Tambin los acreedores de Barreras mostraron ayer su “desconcierto” por esta noticia, de la que no conocen la “letra pequea”, pero que asumen que podra frustrar el plan de reflotamiento del astillero. “Es un problema ms”, manifest un portavoz del colectivo de acreedores.
De los dos incidentes concursales pendientes en el proceso de Barreras, el primero (Islas) ya tiene fecha para el juicio, el prximo 25 de mayo, mientras que el segundo (Wrtsil) contina sin ella. Una vez se conozcan las sentencias de ambos, los administradores concursales cerrarn su informe, y a partir de entonces se abre un periodo mximo de 40 das para lograr un acuerdo con los acreedores sobre la propuesta de convenio. Hasta la fecha, las posiciones entre propietarios y acreedores respecto a la quita y el plazo de devolucin siguen estando “distanciadas”.
La razn esgrimida por el presidente de Albacora, Ignacio Lachaga (que junto a Jos Garca Costas es a su vez accionista de Barreras), para desviar los dos atuneros a Armn es la necesidad de disponer cuando antes de los buques para explotar sus nuevos permisos de pesca. Garca Costas descart que la decisin suponga una ruptura entre los accionistas, pero desde los sindicatos no lo ven tan claro.
Reunin de la CEP
Sobre los problemas que atraviesa Barreras y el naval en general se pronunci ayer el presidente de la patronal pontevedresa, Jos Manuel Fernndez Alvario, quien ha convocado a los sindicatos y a los empresarios a una cumbre la prxima semana en Vigo para aclarar posturas y depurar responsabilidades sobre la crisis del sector. ste defendi el “considerable esfuerzo” que est realizando Garca Costas para salvar Barreras, y valor tambin la actuacin de la Xunta en apoyo de los astilleros vigueses.
Sobre la suspensin del tax lease, Fernndez Alvario emplaz al Gobierno de Mariano Rajoy a “moverse y buscar soluciones”, tanto para habilitar un nuevo sistemas de bonificaciones fiscales como para defender el anterior y evitar una sancin retroactiva que destruya al sector.

J. A. G.

Interpanel, la maderera de Villabrázaro, encara a partir del lunes una semana decisiva para su pervivencia. Ese día los trabajadores, afectados desde hace unas horas por la reanudación del expediente de regulación de empleo, iniciarán concentraciones diarias frente a la fábrica tras demandar a la empresa. El martes por la tarde, el gerente de Interpanel se reunirá con los representantes de ocho entidades financieras y con media docena de proveedores para buscar una salida a la situación financiera de la empresa. La cita será decisiva. Si no se encuentra una fórmula que permita aliviar la situación de la maderera garantizando su continuidad, está se verá abocada «a presentar ante la autoridad judicial un concurso de acreedores».

El gerente de Interpanel, Ernesto Jarabo, explicó ayer a este periódico que la refinanciación de la deuda ha llegado tarde y ha sido «insuficiente». El dinero se necesitaba en diciembre y ha tardado en llegar cuatro meses y medio. Los gastos fijos de la empresa han sido de 500.000 euros mensuales en este periodo y la inyección recibida con la operación de refinanciación ha permitido poner en marcha la fábrica, pero poco más porque los proveedores se han plantado y ya no fían a la fábrica, obligando de nuevo a la maderera a parar y aplicar el ERE a la mayoría de la plantilla.

«Los proveedores quieren cobrar al contado porque con este parón y la deuda acumulada hemos perdido la credibilidad que teníamos», afirma Jarabo, que confía en que el martes pueda salir una solución con la aportación de todos los interlocutores. «La verdad es que no hemos podido con la situación y desde el jueves por la tarde vimos que no podíamos seguir adelante», admitió. Los suministradores de madera y cola no entregan material para producir si no cobran. También los transportistas externos se han plantado. La deuda menor es la energética. Al haberse saldado la cuenta, el gasto generado ahora es el menor de todos. Interpanel, que debe unos seis millones a proveedores, está recibiendo las primeras demandas de pequeños suministradores. Apenas son 100.000 euros del total, un porcentaje menor, pero a esta demanda podría sumarse «si no la han presentando ya, otra colectiva de los trabajadores reclamando la extra de junio pasado».

El gerente de Interpanel viajó la pasada semana al extranjero con la intención de captar socios que pudieran estar interesados en participar en la empresa a través de una ampliación de capital. «Es una alternativa que sigue abierta», explica. El martes, en la reunión con las entidades financieras y los proveedores, «caben diversas alternativas». Entre ellas, que las entidades avalen a la fábrica para que los proveedores puedan cobrar al contado. «Esta es una de las muchas posibilidades que existen»,, indica el gerente., que prefiere no mencionar una cantidad para que Interpanel pueda recuperar la actividad.

Entretanto, los trabajadores a través del sindicato UGT anunciaron ayer que se suman a las demandas judiciales para reclamar legalmente los salarios que les debe la empresa. «Tras cuatro meses sin suministro eléctrico la fábrica arrancó a mediados del mes de abril pero la situación actual vuelve a ser de parón y se manda a los trabajadores al ERE suspensivo, por lo que desde el próximo lunes día 21 y durante toda la semana desde las 9.00 horas hasta las 2.002 h se concentrarán en las instalaciones de la fábrica en Villabrázaro», explican.

Las movilizaciones buscan «que lleguen soluciones a la situación actual de ahogo de toda la plantilla que están provocando situaciones críticas en todas las familias por los impagos acumulados» y que se de prioridad al pago de los salarios de los trabajadores.

TOLEDO, 18 May. (Embargar.com) –

   El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de lo Mercantil de Toledo ha admitido el concurso voluntario de acreedores solicitado por la concesionaria de la autopista AP-41 Madrid-Toledo, según confirmaron a Europa Press en fuentes judiciales.

   En su auto, el juez nombra dos administradores concursales para la vía, uno de ellos un abogado y el otro, un representante de ‘La Caixa’, una de las entidades acreedoras.

   Dichas fuentes han explicado que una vez estos administradores reciban el auto de admisión, dispondrán de un plazo de cinco días para aceptar o no el cargo. Además, en el caso de ‘La Caixa’ tendrá que designar un profesional que le represente como administrador concursal en todo este proceso.  

   Se trata de la primera autopista que se declara en concurso de las diez que actualmente están en riesgo de quiebra por la caída de los tráficos y los sobrecostes de expropiación que registraron en su construcción.

   La concesionaria, adjudicataria de la construcción y explotación de la autopista en régimen de peaje por un periodo de 36 años, está participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo.

   La autopista, en servicio, cuenta con 71,5 kilómetros de longitud y dispone de nueve enlaces y de un área de servicio entre Madrid y Toledo.

   El Ministerio de Fomento ha manifestado en distintas ocasiones que confía en tener lista en este mes de mayo la batería de medidas en que actualmente trabaja para ayudar a estas vías.

   Los presupuestos del Departamento que dirige Ana Pastor para 2012 incluyen una partida de 289 millones de euros para otorgar préstamos participativos a estas autopistas, y además amplían hasta 2021 la posibilidad de que recurran a cuentas de compensación.

   Además de estas dos medidas, Fomento también contempla la ampliación del plazo de concesión y gestión de las autopistas, y la promoción de fusiones entre concesionarias.

   Con todo, el Ministerio no descarta rescatar las autopistas que no logren solventar sus problemas con las medidas que finalmente promueva Fomento, cumpliendo de esta forma lo que contemplan los propios contratos de concesión. El eventual rescate se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de este Departamento.

   Además de la Madrid-Toledo, entre la decena de autopistas que actualmente están en riesgo de quiebra figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera. Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país.