Al menos 200 dueños de terrenos expropiados para construir la autopista AP-41 Madrid-Toledo rechazan participar en el concurso de acreedores y exigen el pago íntegro de las indemnizaciones. Estas compensaciones pueden terminar superando en total los 220 millones de euros, según ha asegurado su representante legal, Fernando Guirao.
Guirao es responsable de Cleocir, firma especializada en la defensa legal de propietarios afectados por procesos de expropiación para la construcción de infraestructuras. En el caso concreto de la AP-41, su consejo es que un afectado no debe colaborar como acreedor en el concurso, ya que se expone a perder una parte de lo que se le debe. Esto suele ocurrir cuando se propone a los acreedores un convenio de abono de las deudas de una empresa para reflotarla, ya que suele incluir una quita de lo adeudado para ayudarla a salir de la suspensión de pagos.
El experto en litigios sobre expropiaciones recuerda que la cuantía por las expropiaciones a pagar en la AP-41 tiene un carácter diferente al resto de deudas que soporta la autopista. Así, tiene una garantía legal al estar refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de la región, que avaló el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Valoraciones pese a triplicar lo presupuestado por los gestores de la vía de peaje quebrada. La Justicia aceptó que este terreno no debía pagarse como rústico, sino en base a las expectativas de revalorización urbanística creadas por la autopista.

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